Danilo Medina ha presentado al Congreso el proyecto de Ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente por el Estado Dominicano en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
El proyecto de ley enviado por el Presidente Medina al Congreso se ha logrado tras un amplio y plural proceso de reflexión y consulta, en el que se han tenido en cuenta las aportaciones de diversos sectores de la sociedad dominicana.
Esta iniciativa legal responde al compromiso del Presidente de encontrar «una solución humanitaria, mesurada y responsable, para las personas nacidas en la República Dominicana», cuyos padres son de origen extranjero y se encontraban en el país en situación irregular.
Ha tomado tiempo llegar a este texto, porque debíamos encontrar un punto de equilibrio entre posiciones encontradas. El proyecto que se propone cuenta con un gran respaldo, porque logra ese objetivo y es fruto del consenso.
La meta siempre fue llegar a una solución que cumpliera con dos objetivos fundamentales: por un lado, salvaguardar los intereses nacionales y el estricto cumplimiento de la legalidad de la República y, en particular, las sentencias del Tribunal Constitucional. Y, por otra parte, garantizar los derechos fundamentales de todas aquellas personas que residen en territorio dominicano, especialmente los de aquellas personas que han nacido y se han criado en el país.
Aunque todas las personas que son objeto de este proyecto de ley comparten dos características -haber nacido en la República Dominicana y ser hijos de padres extranjeros- se han dividido en dos grupos distintos, de acuerdo a su estatus documental actual y, en consecuencia, se han establecido soluciones distintas para la problemática de cada uno.
En un primer grupo se encuentran aquellas personas, nacidas en la República Dominicana, cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por funcionarios públicos de manera irregular.
En este caso entran las personas nacidas en la República Dominicana, que siempre han vivido en nuestro país, que se sienten dominicanos y que en todos los casos cuentan, además, con un documento oficial emitido por el Estado Dominicano que les permitió desarrollar su vida civil con certezas y expectativas concretas basadas en dicha documentación.
Para ellos, la ley dispone que sus documentos sean regularizados. Se evita así la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por circunstancias en las que no tuvieron participación alguna.
Un segundo grupo, de características distintas, es el de hijos de extranjeros que nunca han tenido documentos. Esta población deberá acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso, para obtener un estatus migratorio que le permita residir legalmente en el país.
Además, aquellos que puedan acreditar fehacientemente su nacimiento en el país, tendrán un plazo de 90 días para solicitar su registro en el libro para extranjeros, contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04.
Tras completar el debido proceso de regularización y obtener el estatus migratorio correspondiente, de acuerdo a las categorías existentes en la actual Ley de Migración, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana, solo podrán optar al proceso ordinario de naturalización, tal y como está ya estipulado en la ley que rige la materia, pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.
En conclusión, la Ley que el Congreso tiene ahora en sus manos es una solución justa, fruto del consenso social y de la reflexión. Alejándose de los extremos retóricos, esta iniciativa supone una oportunidad de modernizar nuestros registros documentales, al tiempo que da una solución práctica para que todas las personas nacidas en el país puedan continuar sus vidas con dignidad y terminar así con este ciclo de irregularidades que permitirá al Estado Dominicano en lo sucesivo una mayor regulación de los flujos migratorios.
Tal y como afirma la exposición de motivos que el Presidente Medina ha remitido junto a la propuesta “este proyecto es una ocasión histórica para avanzar en la construcción de un país con verdadera igualdad y justicia social. Un país sin exclusión y sin discriminación, en el que los derechos humanos fundamentales y el respeto a las leyes de la República Dominicana caminan de la mano con un mismo fin: propiciar la felicidad de las personas.”
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