La Fundación Prensa y Derecho planteó que las organizaciones partidistas, la sociedad civil y los medios de comunicación deben abrir una mesa de diálogo para debatir el anteproyecto de Ley de Partidos Políticos y así consensuar temas controversiales como los controles de los sistemas de financiación, las “cuotas reservadas” y las sanciones que se imponen por los ilícitos que se configuren contra el nuevo régimen electoral.
Namphi Rodríguez, presidente de Prensa y Derecho, reconoció como positivo que se haya avanzado en un anteproyecto de ley que tiene “luces y sombras”, pero que no debe ser debatido exclusivamente por los partidos políticos, sino por la sociedad en su conjunto.
“El tema es que los partidos políticos son instrumentos de lucha de poder y es impropio que se pretendan autorregular, una ley así debe ser debatida por los distintos sectores que inciden en la vida democrática del país”, dijo el jurista.
El abogado ponderó como valioso que el anteproyecto de Ley propuesto por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) haya preservado la cuota de un 33% de las posiciones electivas a favor de las mujeres, incluya un conjunto de principios y valores que deben normar el régimen de partidos, así la prohibición de utilizar fondos públicos en campañas electorales de particulares.
“Sin embargo, subsisten muchas de las prácticas del pasado y el presente en el anteproyecto de ley, cuando lo que se desea es dar un paso de avance en la regulación de nuestras formaciones partidistas”, añadió.
Rodríguez entiende que dentro de esas prácticas que el anteproyecto de ley permite a los partidos crear y mantener sus propios sistemas contables, cuando debería ser la Junta Central Electoral (JCE) la que le imponga uno uniforme que facilite la fiscalización de los fondos públicos asignados.
Igualmente, criticó que pese a que tenemos un sistema de financiación público, no se pone tope a la financiación privada, ni se establece un registro de “donantes” que permita identificar las fuentes extras de apropiación de recursos para las compañas electorales.
Advirtió que una de las cuestiones más delicadas del anteproyecto es que el mismo parece desplazar las competencias de fiscalización de la Cámara de Cuentas a una Unidad de Control Financiero de la Junta Central Electoral, cuando lo deseable es que esas competencias se distribuyan complementariamente entre el propio órgano electoral y el de fiscalización externa del Estado.
“Tampoco compartimos el tema de la imposición de cuotas económicas para inscribir candidaturas, pues eso puede obstaculizar el libre ejercicio del derecho a ser elegido por razones materiales.
Comentarios