El portentoso mercado ilegal, signado por el contrabando, la falsificación y hasta la evasión impositiva de negocios con fachadas formales, que fluye en base a productos de alcohol cigarillos, medicinas y otros, tiene implicaciones extremadamente peligrosas para la República Dominicana.
Si bien han de preocupar las secuelas primarias derivadas de este fenómeno, como la destrucción de empleos, las pérdidas recaudatorias que atentan contra la sostenibilidad de las finanzas públicas y la inseguridad de la salud, lo peor es la cultura que se está creando.
La impunidad es evidente. La impotencia de las autoridades, también. Y en ese contexto las señales no pueden ser más favorables para aquellos que han encontrado grandes ventajas en los negocios subterráneos y oscuros.
Al paso que vamos, tendremos pronto dos PIB paralelos que será necesario medir para determinar cuál es más grande e influyente: la actividad productiva legal, que irá perdiendo terreno en forma exponencial y se convertirá en la “economía de los pendejos” y la falsificación y el contrabando, el paraíso de los avivatos en el que todos querremos inscribirnos.
La pendiente es alarmante porque, no hay dudas, conduce irremediablemente hacia un verdadero Estado fallido muy cercano a la barbarie, donde absolutamente todo será de dudoso origen en la cadena comercial.
Entonces, el nivel de riesgo para la gobernabilidad es incalculable, pues la mafia –que es la palabra más exacta para definir esa economía de topos– tiene sus propias leyes que destruyen el tejido social, crean inseguridad y violencia y pueden provocar huida de capitales.
Lamento ser tan apocalíptico, pero es la realidad que pretendemos ignorar. A veces me pregunto si tanta lenidad en la aplicación de las leyes no es un ejercicio de complicidad consciente. Si esa pesadez, falta de voluntad y pérdida de la capacidad de asombro ante el contrabando y la falsificación no son la excusa perfecta para permitir la formación de grandes patrimonios en segmentos de “la industria política».
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