El Estado, en su rol policial, de árbitro, administrador de poderes y poseedor del monopolio de la fuerza, siempre ha sido asediado por los intereses privados, que buscan cobijo bajo su frondosa sombra para concretar privilegios y negocios.
Desde siempre –pero ahora con más dedicación– estructuras corporativas han tenido activos sus órganos de asuntos públicos para relaciones especializadas con el poder, con enfoque en la prevención y la protección propias ante políticas que emanan del Estado.
En otras palabras, siempre será una meta de particulares capturar al Estado, mantener unas “buenas relaciones”, que generalmente implican grandes inversiones en compra de voluntades.
La gran zafra se produce en las campañas políticas, en ese complejo ajedrez que supone una apuesta franca a las opciones de poder y que desborda el río de aportes financieros, sin controles algunos en la República Dominicana.
Como no hay cena gratis, quienes aportan dinero a un candidato para llevarlo al poder, esperan el rédito en forma de canonjías tan perversas que pasan por encima a la ley, al orden, a las instituciones y al interés colectivo. Esa es nuestra pobreza institucional.
Los modelos de cooptación del Estado ya trascienden los simples aportes monetarios a las campañas, porque ciertos poderes corporativos también se ocupan ahora de colocar fichas suyas en puestos públicos.
¿Objetivo? Intervenir en las decisiones del poder público, diseñarlas y ponerlas en marcha para su beneficio, aunque esto implique afectar la sana competencia, limitar las opciones de los consumidores y usuarios, instalando monopolios y toda suerte de prácticas desleales. En ese contexto el Estado queda como un pelele en manos de titiriteros.
Se trata de una especie de alianza público privada aberrante, en la que “la ficha colocada” es pagada por los contribuyentes y, en paralelo, es financiada de diversas maneras por particulares. Es un esquema de corrupción complejo, difícil de desemascarar, aunque cada vez luce más vulgar y desenfadado.
El ejercicio ciudadano, que desarrolla veedurías en redes sociales, debería estar atento a este fenómeno, solapado por el pan y el circo que prodiga la corrupción administrativa de funcionarios moviendo “chelitos”, mientras más atrás pasan desapercibidas proverbiales estafas contra la sociedad.
Pero, como decía mi madre, la filósofa sanjuanera Doña Lucía: “A cada chivo le llega su San Martín».
Comentarios