El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, se mostró de acuerdo con el desarme de la población, no solamente de inmigrantes haitianos sino también de todos los que posean armas ilegales dentro del territorio nacional.
De igual manera, se expresó el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, quien dijo que realizan operativos permanentes para desarmar a todo aquel que posea arma de fuego de manera ilegal, haitiano o dominicano, en el barrio 27 de Febrero, donde el pasado sábado una turba de haitianos atacó a la Policía Nacional y agredió a una periodista y dos camarógrafos de noticias, en protesta por la muerte de un compatriota que recibió un disparo de manos de un agente.
Fadul dijo que se realizan operativos de manera permanente y que la Policía Nacional está actuando para desarmar esas personas y someterlas a la justicia. Reiteró que están regularizando a ciudadanos extranjeros, pero que aquellos que no se ajusten al plan cuando termine de aplicarse, ten- drán que regresar a su país.
De igual modo, Castro Castillo dijo que están coordinando acciones con la Dirección Central de Inteligencia Delictiva y con la Dirección Central de Investigaciones Criminales, para adoptar las medidas pertinentes y trabajar junto al ministerio público en los allanamientos correspondientes.
Expresó que luego del incidente en el barrio 27 de Febrero designó al inspector general de la Policía para hacer las investigaciones correspondientes.
Dijo que el segundo teniente José Suriel Díaz, acusado de matar a Jassainte Cedyeu, fue puesto a disposición de la justicia y suspendido de sus funciones.
“Esto trajo una indignación a una gran cantidad de haitianos que residen en esa zona y hubo un enfrentamiento con miembros de la Policía”, sostuvo.
Por otro lado, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidirá hoy miércoles si impone prisión preventiva en contra del segundo teniente de la Policía Nacional, acusado de asesinar al nacional haitiano Jassainte Cedyeu ocurrido el pasado sábado en el barrio 27 de Febrero. La magistrada Margarita Cristo Cristo fijó para las 9 de la mañana la solicitud de medida de coerción presentada por el ministerio público en contra del agente policial José Manuel Suriel Díaz, de 52 años de edad, consistente en prisión preventiva.
La medida fue solicitada por el fiscal adjunto Orlando Antonio Santos Ramírez, del departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, quien sostiene que es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia del imputado es la prisión preventiva, establecida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal.
Señala que el imputado no ofrece garantía suficiente para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón del peligro de fuga inminente.
De acuerdo al ministerio público y, según versión del cabo Santo Vicente Ibert Rosario, el hecho ocurrió en la calle 15 esquina 16, del referido sector, cuando acompañaba al imputado.
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