16/04/2024
Nacionales

Hoy se conocerá caso de Félix Bautista en la Suprema Corte de Justicia

El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto Sánchez, se apresta a conocer y decidir hoy una solicitud de levantamiento de oposición a numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi, S.R.L., de la cual el senador Félix Bautista es accionista, y en la que también participan terceros adquirientes.

Mientras que el juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Alejandro Moscoso Segarra, fijó para el 3 de diciembre el conocimiento de una solicitud de apertura a juicio en contra de Bautista y otros acusados de alegada corrupción y lavado de activos, por el Procurador Francisco Domínguez Brito.

El magistrado Soto emitió el Auto No.4-2014, ordenando notificar la decisión a las partes que estuvieron en la audiencia del 21 de octubre, las cuales están convocadas para hoy, a las 9:00 a.m.

La fijación de la continuidad del proceso para hoy se produce, luego de que el Pleno de la SCJ rechazó una recusación en contra del juez, hecha por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), a la que se adhirieron los abogados Remberto Pichardo Juan; la ex fiscal del Distrito Nacional, Josefina Juan viuda Pichardo, Rafael Pércival Peña, Juan Tomás Taveras Rodríguez, Alexander Rosario, Melvin Velásquez Then y Hermes Urbáez.

El secretario de Organización del PLD considera que las acciones fueron realizadas “de manera ilegal o inconstitucional” contra numerosos inmuebles propiedad de la sociedad Inmobiliaria Rofi.

En tanto que Moscoso Segarra convocó para el 3 de diciembre, a las 10:00 a.m., a Bautista Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.

Los cargos instrumentados son por supuesto atentado contra la Constitución, falsedad de escritura pública, falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco y asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público. Los demás imputados tienen la calificación jurídica de alegada complicidad.

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